UGT exige al Gobierno la ejecución inmediata de la resolución europea que declara ilegal la actual regulación del despido improcedente en España

Esta decisión, fruto de la reclamación colectiva presentada por el sindicato en marzo de 2022, establece que el sistema español no garantiza una reparación adecuada ni disuasoria para las personas despedidas sin causa justificada

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha instado oficialmente al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa a que requiera al Estado español el cumplimiento efectivo de la decisión dictada el 20 de marzo de 2024, que da la razón a nuestro sindicato y concluye que la legislación española sobre el despido improcedente no se ajusta al artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada.

Esta decisión, fruto de la reclamación colectiva presentada por UGT en marzo de 2022, establece que el sistema español no garantiza una reparación adecuada ni disuasoria para las personas despedidas sin causa justificada. En concreto, el Comité señala que para cumplir con la Carta Social Europea, España debe:

•    Restituir los salarios de tramitación desde el despido hasta la resolución judicial.
•    Asegurar la posibilidad de readmisión de la persona trabajadora, sin que dependa del empresario.
•    Establecer una indemnización suficientemente elevada que repare el daño causado y disuada al empleador de vulnerar la ley.

Pese a la gravedad de esta conclusión, ni el Gobierno ni el Parlamento han adoptado hasta ahora medidas concretas para adecuar la legislación laboral española. La única mención en el Plan Anual Normativo de 2025 a una posible reforma del despido es vaga e insuficiente, y no contempla ninguna de las medidas exigidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales y reiteradas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 2024.

Además, las reformas legislativas aprobadas hasta la fecha –como la Ley 2/2025, que modifica el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores– mantienen elementos que ya han sido declarados contrarios a la Carta Social Europea, como el cálculo de la indemnización según criterios económicos insuficientes, la ausencia de salarios de tramitación, o la inexistencia de una verdadera opción de readmisión.

UGT recuerda que la Carta Social Europea Revisada, ratificada por España en 2021, forma parte del ordenamiento jurídico español, y que sus decisiones son jurídicamente vinculantes, tal y como reconoció el propio Consejo de Estado en su informe previo a la ratificación.

El sindicato remarca que “no podemos aceptar que el despido injustificado siga siendo barato para el empresario y ruinoso para el trabajador. Si queremos una Europa social de verdad, no basta con proclamar derechos: hay que garantizar su cumplimiento”.

UGT continuará trabajando para que el Estado español cumpla con sus compromisos internacionales y garantice la protección efectiva de los derechos laborales conforme a los estándares europeos. La resolución está dictada hace más de un año. Solo falta la voluntad de cumplirla.
 

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