Los datos adelantados del IPC correspondientes al mes de julio, publicados hoy por el INE, sitúan la inflación anual en el 3,5%, tres décimas por encima de la registrada en junio, alcanzando el nivel más elevado desde mayo de 2024 (3,6%). El mayor encarecimiento de la electricidad y los combustibles respecto al registrado hace un año presiona al alza la tasa general de inflación.

En cualquier caso, las perspectivas de inflación continúan sujetas a un elevado grado de incertidumbre. El repunte registrado en julio pone de manifiesto que las presiones inflacionistas siguen presentes, especialmente en los componentes energéticos. Si persisten las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y su impacto sobre los mercados energéticos, la inflación podría mantenerse en niveles relativamente elevados durante la segunda mitad del año e incluso experimentar nuevos repuntes, tal y como apuntan distintos organismos de referencia, entre ellos, el Banco de España. 

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y constituye un mejor indicador de la evolución estructural de los precios, aumenta una décima, hasta el 3%. Aunque este nivel continúa siendo relativamente elevado, el incremento registrado es moderado y, por sí solo, no permite concluir que el reciente encarecimiento de la energía esté generando efectos de segunda ronda de carácter generalizado sobre el conjunto de bienes y servicios que integran la inflación subyacente, incluidos los alimentos elaborados.

No obstante, resulta necesario realizar un seguimiento continuo de la evolución de los precios y evaluar la eficacia de las medidas anticrisis adoptadas hasta el momento, incorporando nuevas actuaciones o reactivando aquellas cuya vigencia haya finalizado si la evolución de la inflación así lo requiere. En particular, conviene mantener la capacidad de respuesta mediante medidas dirigidas a amortiguar el impacto del encarecimiento de la energía, especialmente si persiste la volatilidad en los mercados energéticos. La persistencia de estos riesgos hace especialmente necesario reforzar la protección de los hogares más vulnerables, que son quienes destinan una mayor proporción de su renta a cubrir necesidades básicas y, por tanto, quienes soportan con mayor intensidad el impacto de la inflación.

En este contexto, el incierto panorama geopolítico actual sigue representando una amenaza para el desempeño económico y la evolución de los precios, con un impacto directo sobre el poder de compra de las personas trabajadoras. En este sentido, por cuarto mes consecutivo, la tasa general de inflación (3,5%) supera el incremento salarial medio en convenio (3,01% hasta junio), si bien los incrementos pactados en los convenios firmados este año recogen una subida del 3,87%, en línea con la petición de los sindicatos para este 2026 en su plataforma para la negociación del próximo AENC.

En este contexto, se ha tornado urgente acometer la negociación del VI AENC, que  debe servir para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras y avanzar en la reducción de las brechas salariales entre sectores. UGT defiende que el acuerdo incorpore una referencia mínima de incremento salarial del 4% anual para el periodo 2026-2028, complementada con aumentos adicionales de un 1%, 2% o 3% en función de la diferencia existente entre el salario medio del convenio y el salario medio del país. Asimismo, resulta imprescindible evitar el recurso a cláusulas de absorción y compensación que limiten la efectividad de las subidas pactadas, así como la generalización de las cláusulas de garantía salarial 

Estas demandas cobran aún mayor relevancia ante el persistente encarecimiento de la vivienda, que sigue deteriorando la capacidad adquisitiva de los salarios, especialmente en grandes ciudades. Según el INE, el precio de la vivienda aumentó un 12,9% en el primer trimestre del año -último dato disponible- y acumula ya seis trimestres consecutivos con incrementos anuales de dos dígitos. En este contexto, además de ampliar de forma decidida el parque público y asequible de vivienda medio y largo plazo, resulta imprescindible aplicar medidas con efectos inmediatos que contribuyan a contener la escalada de los precios, como la limitación del precio máximo de los alquileres en zonas tensionadas.

Del mismo modo, es necesario seguir reforzando las rentas de las personas trabajadoras con menores ingresos mediante nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional, que debe continuar actualizándose para preservar su capacidad adquisitiva frente a una inflación condicionada por factores externos y al intenso encarecimiento de la vivienda, reduciendo así la desigualdad y sosteniendo la demanda interna. Teniendo en cuenta la inflación ya conocida y la subida del 3,1% pactada para 2026, debe operar la cláusula de prevista en el art. 27 ET, que permite revisar el SMI cada seis meses cuando falla la previsión del IPC. Por ello, UGT reclama la convocatoria inmediata de la mesa del diálogo social para adaptar el Salario Mínimo Interprofesional a esta nueva situación: la ley lo prevé y las personas trabajadoras no pueden esperar.