Los intereses oportunistas de los partidos políticos, especialmente PP, Vox y Junts que votaron NO al escudo social con la intención de evidenciar la debilidad del Gobierno convierten a la población afectada en meros instrumentos de un terrible juego político que tiene consecuencias en el descrédito a la política y hace daño a muchas personas. Estas acciones tienen repercusiones negativas en millones de personas y fundamentalmente son personas con un alto grado de vulnerabilidad.

Son 10 millones de pensionistas, más de 60.000 familias afectadas por un proceso de desahucio y más de 1,7 millones en situación de pobreza que no se podrán beneficiar del bono social eléctrico.

La pobreza energética no está plenamente superada, sino que es una realidad persistente para muchos hogares que incluso en un contexto de moderación de precios, mantienen una elevada sensibilidad ante cualquier alteración en las condiciones de acceso a los suministros básicos, especialmente aquellos con menor capacidad de adaptación económica.

Realizar una discusión sobre el tipo de decreto o de procedimiento formal supone escudarse en una excusa para no afrontar esta realidad. El Escudo Social ha sido una herramienta de protección para millones de personas por eso exigimos medidas urgentes para mantener las condiciones que expresa el Escudo Social.

Además, la actual crisis de la vivienda acentúa la desprotección a estas personas por lo que se requieren medidas que alivien la presión en la vivienda, especialmente en el alquiler residencial. Por eso desde UGT exigimos que para solucionar parte del problema se establezcan con carácter urgente medidas que reduzcan el precio del alquiler y castiguen los pisos turísticos ilegales.

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