Una vez más, desde UGT denunciamos el incumplimiento de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid al negarse a crear el registro de objetores de conciencia en relación con el derecho al aborto.

Recordamos que esta obligación para las Comunidades Autónomas se introdujo en la reforma de 2023 a la Ley Orgánica 2/2010, siendo su finalidad la adecuada gestión de la prestación sanitaria. 

Ante la inacción de determinadas Comunidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad requirió de forma previa a iniciar acciones judiciales. Una vez más, la Comunidad de Madrid obstaculiza el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, indicando que serán los Tribunales quienes decidirán a este respecto. Otras Comunidades Autónomas también gobernadas por el PP, como Baleares y Aragón, han accedido a poner en marcha la base de datos tras el requerimiento del Gobierno central. 

Desde UGT, reiteramos que el deber de las Comunidades Autónomas es gestionar y dar soluciones a la ciudadanía y no judicializar las competencias que les son propias.

De nuevo, insistimos, denunciamos y denunciaremos todos aquellos obstáculos que impidan la garantía de este derecho, así como todas aquellas iniciativas cuyo objetivo es limitar la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.