La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) muestra su apoyo a la propuesta realizada por el Ministerio de Igualdad para que el Instituto Nacional de Estadística (INE) excluya de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) “la prestación o concertación de servicios sexuales”. En concreto, España incluyó por primera vez la prostitución en este listado el pasado mes de enero.

En concreto, UGT considera que la inclusión de “la prestación o concertación de servicios sexuales” en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas llevada a cabo a través del Real Decreto 10/2025, de 14 de enero, publicado en el BOE de 15 de enero de 2025, legitima la prostitución como si de una actividad económica normal se tratara y con ello, de forma tácita, la trata con fines de explotación sexual, el proxenetismo, la explotación sexual de las mujeres y una de las formas de violencia contra las mujeres, que desde el Pacto de Estado contra la Violencia contra las Mujeres, se intenta combatir.

El sindicato rechaza firmemente el reconocimiento legal de la prostitución como un trabajo y una actividad económica lícita sin tener en cuenta cual es la realidad. Por este motivo, UGT muestra su apoyo y reconoce los esfuerzos del Ministerio de Igualdad por intentar revertir esta situación contraria a los principios constitucionales y los derechos humanos.

UGT recuerda que no se puede ignorar la realidad en la que se desenvuelve la prostitución sin tener en cuenta su análisis desde la perspectiva de género. De hecho, el Informe de UGT La prostitución no es un trabajo, elaborado en 2005 y posteriormente actualizado y ampliado en 2020 y 2021, señala que las cifras sobre prostitución están constituidas en su inmensa mayoría por mujeres y niñas y que, de éstas, el tanto por ciento más elevado (aproximadamente un 90%), corresponde a mujeres migrantes.

Ignorar la realidad que envuelve el mundo de la prostitución es ocultar la realidad de esta lacra sexista y discriminatoria de las mujeres cosificadas y convertidas en mera mercancía y en objetos de satisfacción de los consumidores masculinos, como si de una pieza de carne se tratara. Legitimar su práctica legalmente es atentar contra los derechos humanos y el derecho fundamental a la igualdad de género. Además, es consagrar legalmente el esclavismo de las mujeres prostituidas. Por todo ello, el sindicato considera que la única regulación admisible y coherente con nuestra Constitución y sistema democrático es la regulación abolicionista. 

UGT interpuso, el pasado mes de julio, una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), al no garantizarse la protección de mujeres y niñas víctimas de prostitución o del riesgo de trata con fines de explotación sexual.

A través de esta reclamación colectiva, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores considera que la legislación española vulnera, entre otros, los artículos 1.2 (derecho a un trabajo libremente elegido); 3 y 11 (protección de la seguridad y salud física y mental de las personas) y 26 (dignidad humana en la prestación de servicios) de la Carta Social Europea Revisada (CSER). 

En consecuencia, el sindicato exige que la legislación española y sus políticas públicas sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual se declaren disconformes con el sistema de derechos y garantías de la Carta Social Europea Revisada.