El secretario general de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras de España (UGT), Pepe Álvarez, ha remitido una carta conjunta con el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para pedirle que en la reunión informal de líderes de la UE respalde una política industrial europea orientada a objetivos que inviertan en las personas trabajadoras, generando puestos de trabajo de calidad en todos los sectores y regiones, y a que se oponga a las propuestas que debilitarían las normas laborales en nuestro país y en toda Europa.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reúnen hoy para centrarse en cómo reforzar la competitividad en Europa en un contexto de creciente presión geopolítica y económica. Los sindicatos de toda Europa tenemos claro que Europa solo será competitiva si se invierte en su mano de obra, mediante mejores puestos de trabajo, competencias más sólidas, servicios públicos de calidad e inversiones a largo plazo que apoyen la innovación y la productividad.

Desregulación frente a política industrial

Esta reunión se produce en un momento en el que los trabajadores ya se enfrentan a la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera y los servicios, mientras que los y las empleadas del sector público están sometidos a una renovada presión por los recortes de austeridad. Los sindicatos europeos advertimos de que responder a estos retos con desregulación y recortes debilitaría la economía y el modelo social europeo, en lugar de fortalecerlos, especialmente cuando existe una alternativa clara basada en la inversión, los altos estándares y un enfoque “Made in Europe”.

Europa necesita una política industrial orientada a misiones que fortalezca los sectores estratégicos y las cadenas de suministro, al tiempo que se garantice que los beneficios se repartan entre todas las regiones y toda la economía. 

Eludir la legislación laboral

Una de las ideas que se están debatiendo corre el riesgo de llevar a Europa en la dirección opuesta. Esta idea, conocida como el “28º régimen de empresas”, está siendo promovida por grupos empresariales en Bruselas como parte de un programa más amplio de desregulación. Existe un riesgo real de que esta propuesta permita a algunas empresas eludir la legislación laboral nacional y operar en su lugar con normas menos estrictas a escala de la UE, o eliminar las protecciones laborales en situaciones de cierre de empresas. Lejos de reforzar la competitividad, crearía una competencia desleal al ejercer presión sobre los salarios, las condiciones de trabajo y las normas de seguridad en toda la economía. 

Por ello, tanto en la carta dirigida al presidente del Gobierno como en las acciones llevadas a cabo por la CES estas últimas semanas, pedimos que se defienda nuestra legislación laboral nacional y se apoye una agenda europea de competitividad basada en:

• Una política industrial europea orientada a proteger y crear puestos de trabajo de calidad en todos los sectores y todas las regiones.
• La inversión en mano de obra, incluido un mayor apoyo a la negociación colectiva para anticipar y gestionar el cambio y garantizar salarios justos. 
• Altos niveles de inversión pública y privada, vinculados a unas condiciones sociales sólidas, para aumentar la productividad, apoyar la innovación e impulsar las transiciones ecológica y digital.
• Un enfoque “Made in Europe”, que refuerce las cadenas de suministro, la autonomía estratégica y la resiliencia. 
• No dar ningún paso atrás en los derechos de información de los trabajadores, incluida la transparencia salarial entre hombres y mujeres.

En un momento en el que la clase trabajadora ya se enfrenta a la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera y los servicios, y en el que el sector público se ve amenazado por los recortes de austeridad, lo último que necesita Europa es una desregulación que reduzca los salarios y las normas, sobre todo cuando existe una alternativa, basada en la inversión y los puestos de trabajo de calidad. 

Recortar derechos y debilitar los servicios públicos no hará que Europa sea más competitiva, sino todo lo contrario. Europa necesita una política industrial orientada a objetivos que recompense a las empresas que invierten e innovan, crean puestos de trabajo de calidad y colaboran con los sindicatos para negociar y gestionar el cambio, y no a aquellas que socavan los derechos de los trabajadores. La desregulación no es un plan para la competitividad. La inversión sí lo es.