Madrid, 6 jun (EFE).- Más del 60 % de las personas con discapacidad están inactivas frente al 18,9 % de la población sin discapacidad, "una diferencia abismal", que supone que más de seis de cada diez personas con discapacidad están fuera del mercado laboral, según UGT. 
El sindicato destaca que esta brecha demuestra la persistencia de barreras estructurales que dificultan la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid y pone de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de apoyo, accesibilidad y activación laboral dirigidas a este colectivo.
La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, y la secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz, han presentado este viernes en una rueda de prensa un informe sobre la situación laboral de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, que, en palabras de Huertas, son "las grandes olvidadas del mercado laboral". 
El estudio, basado en datos oficiales, abarca el periodo comprendido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, con el objetivo de identificar la evolución de variables clave como la contratación, el paro, la inactividad y la prevalencia de la discapacidad en la población madrileña en edad laboral. 
Muñoz ha señalado la baja participación laboral de este colectivo, ya que sólo el 1,41 % de personas con discapacidad reconocida en edad laboral -entre 16 y 64 años- están afiliadas a la Seguridad Social, muy por debajo de su peso poblacional, que se sitúa en el 3,5 % por ciento. 
De las 210.802 personas con discapacidad reconocida que están en edad laboral, solamente están afiliadas a la Seguridad Social 52.000.
La precariedad y la rotación también son "preocupantes" en este grupo de población, según la responsable de Políticas Sociales de UGT Madrid, quien ha subrayado que el 75 % de los contratos de las personas con discapacidad son temporales y cada persona firma una media de dos contratos al año. 
Ha agregado que la reforma laboral no ha supuesto un avance relevante para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad, ya que, a pesar del aumento de la contratación indefinida a partir de 2022, la distribución por sexo apenas ha variado. 
UGT ha llamado la atención sobre un dato "alarmante", la concentración de personas con discapacidad en el empleo protegido, ya que más del 75 % de los contratos que se firman en centros especiales de empleo y solamente una minoría se hace en el mercado ordinario, lo que "limita la inclusión real y el desarrollo profesional". 
Además, los contratos que se firman en los centros especiales de empleo son mayoritariamente temporales, mientras que los contratos que se firman en los centros ordinarios son principalmente indefinidos.
Según el informe, la contratación de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2024 confirma una brecha de género persistente tanto en el volumen como en el tipo de contratos firmados por hombres y mujeres.
En 2024, el 53,2 % de los contratos fueron para hombres y el 46,8 % para mujeres y ellas tuvieron un menor acceso a contratos indefinidos, un 43 %, mientras que los hombres concentraron un 57 %, una tendencia que se mantiene desde 2019 y que evidencia las mayores dificultades de las mujeres con discapacidad para acceder a empleos estables.

Las propuestas de UGT para corregir las desigualdades que afectan a este colectivo
Huertas ha resaltado la necesidad de diseñar políticas activas de empleo con un enfoque de género y discapacidad para combatir la discriminación múltiple y promover la igualdad de oportunidades, además de corregir los problemas estructurales, barreras y desigualdades que afectan a este colectivo.
Entre otras reivindicaciones, UGT Madrid considera que es urgente reducir las listas de espera para el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procedimientos y aumentando los recursos para la valoración, teniendo en cuenta que los retrasos para obtener el reconocimiento oficial pueden superar el año, impidiendo el acceso al empleo protegido o a medidas de acción positiva. 
Igualmente, aboga por reforzar la inspección laboral y la sanción efectiva para garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2 % para personas con discapacidad en España, una obligación legal para las empresas con cincuenta o más trabajadores. 
Otras propuestas del sindicato están dirigidas a reducir la rotación y la temporalidad, combatir la concentración de la contratación en los centros especiales de empleo y luchar contra la triple discriminación que sufren las mujeres con discapacidad: la inactividad, la inestabilidad y la segregación ocupacional, agravada por la edad y el tipo de discapacidad.