El 1 de octubre conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada promovida por Naciones Unidas para reconocer la contribución de las personas mayores a la sociedad y visibilizar los retos y desigualdades que aún afrontan.

En 2026, las Naciones Unidas ponen el foco en la era de la longevidad y en la necesidad de replantear los sistemas para vidas más largas. El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes logros sociales de nuestro tiempo, pero exige transformar las políticas públicas, los servicios sociales, la atención sanitaria, los sistemas de cuidados y los mecanismos de protección social.

Vivir más años debe ir acompañado de vivir mejor, con derechos, autonomía, seguridad y dignidad. La longevidad no puede convertirse en una fuente de desigualdad ni en una responsabilidad que recaiga exclusivamente sobre las familias, y especialmente sobre las mujeres, que continúan asumiendo una parte fundamental de las tareas de cuidado.

La brecha de género en pensiones sigue siendo del 31%: en 2025, los hombres cobraban 1.564 € de media frente a 1.071 € las mujeres, y esta desigualdad se mantiene en 2026. Solo el 57% de las mujeres mayores tiene pensión de jubilación (frente al 82% de hombres) y tres de cada diez dependen de viudedad, insuficiente para alquileres en Madrid. Las pensiones no contributivas (628,80 € en 2026) apenas cubren una habitación, lo que empuja a muchas mujeres a viviendas precarias o dependencia familiar. Políticas con perspectiva feminista deben reconocer los cuidados como tiempo cotizado, vincular pensiones mínimas al coste de vivienda y priorizar vivienda protegida para mujeres mayores solas. La consecuencia: mayor riesgo de pobreza energética, exclusión residencial e imposibilidad de mantener una vivienda digna en la vejez.

Desde UGT Madrid manifestamos nuestra preocupación por la situación de las personas mayores en nuestra región. En la Comunidad de Madrid, más de 1,3 millones de personas superan los 65 años y la región presenta una de las esperanzas de vida más altas de España. Sin embargo, este éxito demográfico convive con listas de espera que dejan a miles de mayores sin respuesta adecuada en dependencia y servicios sociales. Alrededor de 3.047 personas mayores esperan plaza en una residencia pública y más de 16.780 aguardan una prestación de ayuda a domicilio, mientras que otras comunidades con menos recursos logran atender mejor y más rápido a sus mayores.

El modelo residencial madrileño sigue lastrado por la falta de plazas públicas, la externalización de la gestión a empresas privadas y unas ratios de personal insuficientes que sobrecargan a las trabajadoras y trabajadores y merman la calidad de la atención. A esto se suma una inversión en servicios sociales por habitante inferior a la de comunidades como Euskadi, que destina más de 1.300 euros por persona a servicios sociales, duplicando la media estatal, mientras Madrid se sitúa por debajo de muchas regiones en gasto social por persona, a pesar de su mayor peso de población mayor.

Madrid ocupa el último puesto en inversión en políticas sociales por habitante en España, con apenas 2.699-2.703 euros por persona y año, muy por debajo de la media estatal (3.277-3.324 euros) y de comunidades como Navarra (4.500-4.549 euros) o País Vasco (4.343-4.455 euros). En servicios sociales estrictos, la región invierte alrededor de 377-440 euros por habitante, también por debajo de la media nacional (575 euros), lo que se traduce en servicios sociales insuficientes y sin garantías para atender a las personas vulnerables y mayores.

Según el Índice DEC 2025 de Desarrollo de los Servicios Sociales, elaborado por la Asociación Estatal de directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Comunidad de Madrid obtiene apenas 4,85 puntos sobre 10 y una calificación de sistema "débil", a pesar de registrar su mejor resultado histórico. El informe destaca déficits estructurales en ámbitos clave como la dependencia, las rentas mínimas de inserción o la atención a personas sin hogar, y sitúa a Madrid entre las siete comunidades cuyos servicios sociales se consideran débiles o irrelevantes, junto a Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Extremadura, Cantabria y Murcia.

En este contexto, el anuncio del denominado Plan 40/40 —40 nuevas residencias públicas y 40 centros de día también públicos— ha generado expectativas, pero también críticas por su diseño basado en la colaboración público-privada y el "cheque servicio", que reserva al menos un 40% de las plazas para la red pública y canaliza el resto hacia la iniciativa privada. Desde UGT Madrid exigimos que este plan se ejecute como red pública de gestión directa, sobre suelo público y sin convertir el plan en un nuevo nicho de negocio para empresas.

Por todo ello, y con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, desde UGT Madrid hacemos públicas las siguientes reivindicaciones:

• Plan 40/40 100% público. Exigimos que las 40 nuevas residencias públicas y 40 centros de día públicos anunciados por la Comunidad de Madrid se ejecuten como red pública de gestión directa, sobre suelo público y sin convertir el plan en un nuevo nicho de negocio para empresas privadas.
• Inversión suficiente y finalista en servicios sociales. Blindar y aumentar las partidas de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, garantizando que cada euro destinado a mayores y dependencia se traduzca en más plazas públicas, mejores centros de día públicos y empleo estable y de calidad.
• Madrid, última en inversión social por habitante y con servicios sociales "débiles". Mientras comunidades como Euskadi destinan más de 1.300 euros por habitante a servicios sociales, duplicando la media estatal, Madrid ocupa el último puesto del ranking estatal, con apenas 2.699-2.703 euros por persona en políticas sociales y alrededor de 377-440 euros en servicios sociales estrictos, por debajo de la media nacional. Según el Índice DEC 2025, la región obtiene solo 4,85 sobre 10 y una calificación de sistema "débil".
• Ratios dignas y exigibles en todas las residencias. Ratios mínimas de atención directa, homogéneas y obligatorias en todas las residencias, tanto públicas como concertadas y privadas, que garanticen la presencia suficiente de gerocultoras, enfermería, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología y trabajo social en todos los turnos.
• Cobertura de bajas y estabilidad en el empleo. Cobertura inmediata de bajas, permisos y vacantes, evitando que la falta de sustituciones recaiga sobre las plantillas o reduzca la calidad de la atención, junto con la mejora de las condiciones laborales, salariales y de estabilidad del personal.
• Recuperación de los 61,5 millones desviados de residencias públicas. Denunciamos el desvío de 61,5 millones de euros procedentes de inversiones no ejecutadas en residencias públicas hacia otros conceptos, y exigimos que esos recursos se orienten a impulsar el plan de 40 residencias y centros de día con gestión directa pública 100%.

Desde UGT Madrid consideramos que el envejecimiento debe abordarse como una cuestión de derechos y de justicia social. No basta con aumentar la esperanza de vida: es necesario garantizar que todas las personas puedan envejecer con dignidad, independientemente de sus ingresos, su lugar de residencia, su estado de salud, su sexo o sus circunstancias familiares.

Envejecer con dignidad es un derecho. Vivir más años debe significar vivir mejor: con derechos, autonomía, cuidados dignos, pensiones suficientes y servicios públicos de calidad.