El pleno del CESE aprobó el dictamen de iniciativa propia “Vivienda asequible: política de cohesión, agenda urbana y sociedad civil” del que ha sido coponente Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT. Este dictamen aborda una cuestión urgente y transversal: cómo garantizar el acceso universal a una vivienda digna y asequible en toda la Unión Europea, movilizando de forma coordinada la política de cohesión, la Agenda Urbana y el potencial transformador de la sociedad civil. En él también se alude a cuestiones de máxima actualidad, como el turismo y el problema de los alquileres turísticos.

Y es que los datos no dejan lugar a dudas: entre 2015 y 2023, los costes de la vivienda en la UE aumentaron un 48%, muy por encima del crecimiento de los ingresos, lo que ha generado una creciente presión financiera sobre los hogares europeos. En 2023, el 10,6 % de los hogares urbanos y el 7 % de los hogares rurales destinaban más del 40 % de su renta disponible al pago de la vivienda.

Durante su presentación en el pleno para votación, Mari Carmen Barrera señaló las principales propuestas del dictamen, entre ellas, duplicar la inversión en vivienda asequible hasta alcanzar los 10.500 millones de euros, crear una Plataforma Europea de Inversión en Vivienda con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y excluir este tipo de inversión del cómputo del déficit público. Además, reclamó una urgente y estricta regulación europea del alquiler turístico, que está impactando en las vidas de las personas trabajadoras, dejándolas sin opciones, así como el fin de los visados dorados y una apuesta clara por la rehabilitación energética de viviendas en línea con el Pacto Verde.

Además, hay que declarar la vivienda un servicio de interés económico general, ya que esto frenaría la especulación inmobiliaria, facilitando a los municipios y las regiones el desarrollo de políticas públicas más sólidas y centradas en las personas.

Por último, las políticas de vivienda deben incorporar una perspectiva de género, promover el acceso de los jóvenes, las familias monoparentales, las personas mayores y los migrantes, y adaptarse tanto al contexto urbano como al rural, coordinándose con las políticas de transporte, empleo, educación y servicios públicos.

Los interlocutores sociales deben participar en el diseño de las políticas de vivienda

Barrera ha puesto de manifiesto que, para UGT, la crisis de la vivienda no es solo un reto social, sino que también afecta directamente a la cohesión social, la movilidad laboral y la competitividad económica y ha subrayado que los interlocutores sociales deben desempeñar un papel fundamental en el diseño y la evaluación de las políticas de vivienda. Porque sin vivienda no puede haber igualdad, ni empleo estable, ni una Europa cohesionada. 

Invertir en vivienda asequible y social es invertir en la estabilidad y el desarrollo sostenible de la UE, por ello el sindicato insiste en que es hora de colocar el acceso a la vivienda en el centro de las prioridades políticas europeas.

Para ello es necesario que se integre el acceso a la vivienda asequible de forma transversal en todos los marcos estratégicos de la UE, desde el Semestre Europeo hasta la política de cohesión, y dentro del próximo Marco Financiero Plurianual. Sin esto, ninguna medida política a nivel europeo será eficaz.