El IPC adelantado del mes de noviembre, publicado hoy por el INE, se sitúa en el 3%, una décima menos que en septiembre. Esto se explica por el descenso del precio de la electricidad, frente al incremento de hace un año. Por su parte, la tasa subyacente, que elimina los alimentos frescos y los productos energéticos, se sitúa en el 2,6%, una décima más que el mes anterior y el valor más alto desde diciembre del año pasado.

Así, asistimos a un mantenimiento y generalización de las presiones inflacionistas en el seno de la economía española, situándose la tasa general en noviembre hasta un punto por encima de la inflación media registrada en la Eurozona. El repunte gradual de la tasa subyacente también advierte de cómo dichas tensiones sobre los precios tienen lugar incluso excluyendo los componentes más volátiles, como la energía. 

Con ello, el repunte de precios comienza a ser un problema que, en el fondo, revela una pugna distributiva que se está saldando en favor del tejido empresarial, en tanto buena parte del mismo lleva acumulando unos beneficios récords durante los últimos tres años. Como contrapartida, un porcentaje significativo de la población trabajadora ve cómo su poder adquisitivo apenas mejora o, directamente, se recorta, sobre todo si tenemos en cuenta el incremento desmesurado del precio de la vivienda.

En concreto, los salarios de convenio presentan incrementos medios del 3,5%, ocho décimas más que la inflación media en lo que llevamos de año. No obstante, al menos dos millones de personas trabajadoras registran subidas inferiores a la inflación, viendo mermado su poder de compra.

En consecuencia, cada vez es más necesario implementar medidas que preserven los salarios del alza de los precios. En este sentido, es necesario que el VI AENC sea coherente con la situación de bonanza de la economía española e impulse incrementos salariales que sirvan para recuperar y ampliar la capacidad adquisitiva de la población trabajadora.

Además, los convenios colectivos deben incorporar cláusulas de garantía salarial eficaces para evitar que ningún trabajador pierda poder adquisitivo en el futuro, una demanda sindical justa y necesaria que debe generalizarse en el conjunto de la negociación colectiva. 

Para proteger a la población trabajadora con rentas más bajas, aquella que, por tanto, sufre con mayor intensidad el problema de la inflación, UGT reclama que el SMI suba en 2026 hasta los 1.273 euros mensuales, un aumento del 7,5% con respecto al vigente en 2025 y que se sitúa en línea con la senda de obligaciones asumidas en la Carta Social Europea Revisada y con la Directiva de salarios mínimos, recientemente respaldada por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

Por último, hay que destacar que, según el dato de inflación de este mes, más de 10 millones de pensiones contributivas se revalorizarán un 2,7% en 2026, protegiendo así el poder adquisitivo de la población pensionista gracias a la reforma de pensiones aprobada en 2021, tras el acuerdo del Gobierno y los sindicatos, y que asegura una revalorización anual todos los años, al menos, en la misma cuantía que la subida media del IPC