Tal y como avisábamos FEDAVICA, UGT y CCOO en rueda de prensa el pasado 17 de septiembre, el número de solicitudes presentadas para el fondo de compensación de las víctimas del amianto es escasísimo. El motivo es que el reglamento aprobado por el Gobierno en la actualidad solo permite tramitar las solicitudes de las personas afectadas que tengan reconocida una incapacidad permanente por contingencias profesionales ocasionadas por exposición al amianto.

Asimismo, impide que se tramiten para el resto de colectivos que tienen reconocido este derecho en la Ley (exposiciones laborales sin contingencia profesional, exposiciones ambientales y domésticas y herederos de personas fallecidas por enfermedades causadas por el amianto) hasta que no se regule en una Ley de Presupuestos Generales del Estado, de más que dudosa posibilidad de aprobación a corto o medio plazo.

La consecuencia es que, en las semanas en que lleva en vigor el fondo, las solicitudes viables presentadas al INSS son limitadísimas. Esto está generando, de nuevo, una inmensa frustración en el colectivo de las víctimas del amianto que habían puesto unas grandes expectativas en la aprobación del fondo. Y también tiene consecuencias económicas. Desde 2022 se consignó una partida anual de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el fondo de compensación, que no se ejecutaron en los ejercicios anteriores por los injustificados retrasos del Gobierno en tramitación legislativa, y que en 2025 se volverán a perder por la racanería a la hora de regular el reglamento por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se trata de 100 millones de euros que ya deberían haberse utilizado para compensar a las víctimas y que hemos visto como se han ido por el desagüe.

Por esta razón, FEDAVICA, CCOO y UGT nos hemos visto obligados a solicitar una reunión a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para reclamarle una reformulación urgente del Real Decreto 483/2025 que, entre otras cuestiones, permita la tramitación de solicitudes para todos los casos que tienen reconocido el derecho de indemnización en la Ley 21/2022, elimine algunos trámites injustificados que ralentizan la gestión de las solicitudes y revise unas cuantías de unas indemnizaciones claramente insuficientes.

En los últimos años han fallecido personas afectadas por el amianto que tenían reconocido legalmente el derecho a percibir una indemnización y que no lo han hecho por el retraso legislativo del Gobierno. Y en los próximos años vana seguir falleciendo sin indemnización mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no rectifique el contenido de un reglamento que ya ha demostrado su ineficacia