UGT propone rebajar el IVA del 21 al 10% en la tarifa de la luz

La Vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha insistido en que trabaja en medidas estructurales para bajar el precio de la luz y complementar la reforma del sistema eléctrico. No obstante, la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores considera que las propuestas, como la suspensión excepcional y temporal del impuesto a la generación de electricidad, son insuficientes y tendrán un impacto muy limitado.

El sindicato denuncia que, día a día, el precio de la electricidad continúa subiendo de forma abusiva. Así, del 1 al 15 de junio se ha producido un incremento interanual de 27,53 euros, después de que en abril y mayo ya aumentase su precio debido al alza de la cotización de los derechos de emisión de CO₂ en los mercados internacionales.

Necesitamos una transición energética justa

UGT, ante la previsible agravación de esta situación, exige que el Gobierno adopte urgentemente otras medidas que tengan un verdadero impacto en la disminución de la factura de la electricidad. Propone, para ello, acciones como rebajar el IVA actual del 21 al 10%, elevar los impuestos directos a las empresas con altos beneficios (como las eléctricas, que han ganado 2 mil millones de euros en el primer trimestre) y modificar el nuevo sistema de tarifas, puesto que establece tramos horarios que no se ajustan a las necesidades reales de la ciudadanía. Con respecto a esto, UGT urge a adelantar el horario valle a las 22 h de lunes a viernes y a que el Gobierno cumpla con los compromisos programáticos como la rebaja del precio de los primeros kilowatios/hora consumidos.

Además, la organización sindical subraya la importancia de reformar el bono social para que llegue a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social. Para ello, indica UGT, se debe recoger legalmente el principio de precaución en materia de pobreza energética que, en la actualidad, está garantizado temporalmente debido a la crisis del COVID-19. Esta medida impone a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro básico hasta que se consulte con los servicios sociales la situación económica del hogar y se tenga la certeza de que no es un hogar vulnerable.

Solo así será posible una transformación beneficiosa para todas las personas y que no deje atrás a los más vulnerables en esta transición energética tan necesaria para nuestro país.