UGT exige la ratificación del Convenio de la OIT sobre violencia de género en el trabajo

·UGT ha demandado, a través de cartas enviadas a la Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, a la Ministra de Asuntos Exteriores y a la Ministra de Igualdad, que el Gobierno español ratifique la primera norma laboral que ampara a las víctimas de violencia machista en el ámbito del trabajo

·La UE tiene, ahora más que nunca, la responsabilidad de proteger a las personas trabajadoras de todas las formas de acoso y violencia

·El COVID-19 ha provocado un aumento de la violencia de género y ataques contra las personas trabajadoras que han estado en primera línea, especialmente en el sector de los cuidados, el transporte, la limpieza y los supermercados.

La Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores forma parte, celebrará este 25 de junio la entrada en vigor oficial del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con un llamamiento colectivo a todos los gobiernos para que ratifiquen dicho convenio.

UGT, comprometida con la erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo, se une a esta campaña denunciando que el Gobierno de España aún no ha ratificado el C190, pese a que fue aprobado en la 8ª Conferencia de la OIT ya en junio de 2019. Así mismo, Cristina Antoñanzas, Vicesecretaria General del Sindicato, y Jesús Gallego, secretario de Relaciones Internacionales, han remitido cartas a Yolanda Díaz, González Laya, e Irene Montero en las que instan al Gobierno a que apoye las exigencias de la CSI en materia de cuidados, trabajo decente y economía y que cumpla con dos compromisos colectivos:  el iniciado por el gobierno de México entorno al cuidado, y promover con todas sus consecuencias la ratificación del C190.

Esta norma laboral da respuesta, por primera vez, a una demanda histórica de UGT: la necesidad de crear un instrumento para proteger a las víctimas de violencia y acoso en el trabajo, que afecta de forma especialmente grave a las mujeres. Para ello, establece que todas las personas tienen derecho a un mundo laboral libre de violencia y acoso e incluye la primera definición internacional de violencia y acoso laboral, incluida la violencia de género.

El Sindicato exige que España lo ratifique y que adopte urgentemente una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas para la prevención de estas situaciones, que se vieron agravadas por la pandemia y por los sistemas de vigilancia a las personas trabajadoras. 

El sindicalismo internacional señala, con respecto a esto, que los comportamientos y prácticas inaceptables (como amenazas, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos) siguen siendo una lacra en muchos lugares de trabajo. En la actualidad, son especialmente graves los que imponen una velocidad y unas metas de trabajo poco razonables, que exponen a lesiones a las personas trabajadoras; así como los que afectan a las mujeres, a las que la violencia y el acoso afectan de manera desproporcionada. UGT considera inaceptable que se sigan produciendo formas de violencia como el hostigamiento a embarazadas, insultos sexistas y degradantes y el acoso a personas por su orientación sexual, entre muchas otras.

CSI subraya que esta violencia no solo se produce en el espacio de trabajo tradicional, sino que puede tener lugar tanto en los espacios públicos como en los privados (especialmente con el teletrabajo), en actividades relacionadas con la actividad laboral (como reuniones o viajes) y, en general, en cualquier localización en el que se encuentre la persona trabajadora (incluidos los trayectos). Por todo ello, la organización sindical considera que la Inspección de Trabajo es un actor clave en esta lucha y que se le debe de dotar de medios materiales y humanos suficientes.