UGT considera inaceptable la medida adoptada por la consejería de educación respecto a los comedores escolares


UGT JUZGA INADMISIBLE E INJUSTA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE SUSPENDER LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS HABITUALES DE COMEDOR Y ADJUDICAR A GRANDES EMPRESAS DE COMIDA RÁPIDA LA ATENCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PARA ABASTECER A LOS BENEFICIARIOS DE PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR, POR CUANTO:

  • Supone una transferencia de financiación pública a grandes empresas de comida rápida y con pocas garantías de cumplir los requisitos mínimos por considerarse desaconsejable para edades tempranas este tipo de alimentos, mientras provoca ERTEs en las pequeñas empresas encargadas de los comedores escolares, por la suspensión de contratos que ha provocado muchos ERTEs y el despido de miles de trabajadores.
  • Se trata de un colectivo especialmente vulnerable, por ser perceptores de la RMI, y más en esta situación de crisis.
  • No garantiza un menú equilibrado y de calidad tal como recomiendan las autoridades sanitarias y educativas.

UGT considera que dicha labor podía haberse resuelto mediante algunas de las siguientes medidas:

  • Mantener dicho servicio a través de las empresas de comedor escolar autorizadas para prestar dicho servicio.
  • Favoreciendo fórmulas puestas en marcha por los ayuntamientos y colaborando estrechamente con ellos.
  • A través de la aportación de alimentos sin elaborar a las familias beneficiarias de estas ayudas, para su elaboración en el domicilio familiar.
  • Dotando de cheques de alimentación, canjeables en tiendas y supermercados.

Hay que recordar a la Consejería que no son 11.500 los alumnos beneficiarios de ayudas de comedor, ese es solo el número de quienes tienen una ayuda mayor en función de ser familias perceptoras del RMI, pero hay más de 80.000 familias que tienen precio reducido y que no deben verse perjudicados por la suspensión de este servicio durante el período de cierre de los centros por el CONVID 19.

Desde Enseñanza de FeSP UGT Madrid aprovechamos para insistir en la necesidad de participación en la toma de decisiones que, si bien corresponden al Ejecutivo, ello no impide contar con la colaboración más estrecha de las organizaciones sociales y sindicales. Y que una situación de crisis como la actual no debe utilizarse para desviar financiación pública a las grandes empresas y perjudicar la salud de uno de los colectivos más vulnerables ante la actual crisis.