Reducir la jornada para vivir: la exigencia que ya no se puede aplazar

La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, defiende una ley valiente para rebajar el tiempo de trabajo, combatir la ansiedad laboral y dignificar los salarios ante la desigualdad creciente

La salud mental y la hiperconexión, detonantes de una reforma urgente

La necesidad de reducir la jornada laboral no es una ocurrencia ni una moda. Así lo defendió con firmeza Susana Huertas Moya, secretaria general de UGT Madrid, durante el debate celebrado en el Ateneo de Madrid, organizado por las Secciones de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Derechos Civiles. Junto a otras voces del sindicalismo como Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid y bajo la moderación de Toni Ferrer, Huertas reclamó valentía política y responsabilidad social para aprobar una ley que dé respuesta a una sociedad exhausta, conectada permanentemente y con un modelo laboral que ya no aguanta más.

"Reducir la jornada es ganar tiempo para la vida", proclamó. Y no se refiere solo a rebajar las horas semanales: la dirigente sindical situó el debate en una dimensión mucho más amplia. Habló de salud mental, de productividad, de ansiedad, de desconexión digital y de justicia salarial. Una transformación integral, a la altura de una sociedad que ha cambiado profundamente desde la pandemia y que ya no tolera el modelo de agotamiento permanente.

"La segunda causa de baja laboral en España es la ansiedad", recordó Huertas, subrayando que muchas empresas siguen viendo este problema como algo "subjetivo". "Pero no lo es. Lo dice un médico, y es una baja tan real como cualquier otra". La ansiedad laboral, dijo, no solo deteriora la salud de los trabajadores, sino que genera costes ocultos a las empresas y al conjunto del sistema. Y eso exige una respuesta estructural.

Menos horas, más productividad y equidad salarial

Susana Huertas señaló que "desde 1983, la productividad en España ha subido un 53%, mientras que los salarios solo lo han hecho un 22%". Ese desequilibrio, afirmó, hace inviable seguir pidiendo a la clase trabajadora que cargue con jornadas extenuantes sin una retribución justa. "No es equitativo, no es justo, y no es sostenible".

Las experiencias de países como Islandia o Suecia, donde se han aplicado jornadas de cuatro días o 32 horas semanales, fueron citadas como ejemplos exitosos. "No solo no ha bajado la productividad, sino que ha subido". Para Huertas, el absentismo laboral, que la patronal utiliza a menudo como argumento en contra, se combate precisamente con mejores condiciones laborales. "Las bajas médicas se incrementan porque la gente está agotada, no porque quiera faltar. Si cuidamos la salud mental y damos tiempo de calidad, también reduciremos las bajas".

La desconexión digital como derecho fundamental

Uno de los puntos clave del proyecto de ley es la garantía de la desconexión digital. Huertas, que cuenta con una amplia experiencia en prevención de riesgos laborales, fue tajante: "Llevar la oficina en el móvil ha roto todos los límites. La gente está en casa, pero con la mente en el trabajo. Eso también es una forma de explotación".

Denunció que muchas horas extra no se cotizan, y que el control horario sigue siendo una asignatura pendiente. "Se hacen seis millones de horas extra a la semana, y solo se cotiza poco más de la mitad. Y no contamos las horas que no se registran por hiperconexión. Es vergonzoso".

Por eso defiende que el registro horario sea accesible y transparente para cada trabajador. "Fichamos, pero luego no podemos comprobar si nuestras horas están bien reflejadas. Eso debe cambiar". Y celebró que el proyecto incluya un régimen sancionador contundente: "Las empresas que incumplan tienen que saber que habrá consecuencias reales".

Un marco legal que garantice igualdad territorial

Huertas subrayó también la necesidad de que la ley de reducción de jornada garantice la igualdad entre territorios. "Hay sectores donde se trabajan horas muy distintas según la comunidad autónoma. Eso genera desigualdad entre trabajadores del mismo sector. El Estado debe intervenir para evitarlo".

La dirigente sindical recordó que la Constitución española, en su artículo 40.2, reconoce la competencia del Gobierno para limitar la jornada laboral y proteger la salud y el descanso de los trabajadores. "Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en 1983: el Gobierno tiene competencias para ello. No se trata de una injerencia, sino de un mandato constitucional".

El salario no es un coste, es una inversión

Una de las críticas más claras de Susana Huertas fue contra el lenguaje que reduce los salarios a un "coste laboral". "No. Es una inversión. Las empresas no están regalando nada, están pagando por nuestro tiempo. Y nuestro tiempo tiene un valor. Si ha aumentado la productividad, tiene que aumentar el precio de nuestro tiempo".

El mensaje fue claro: si la patronal no se sienta a negociar en igualdad, los sindicatos deben seguir empujando para que la ley salga adelante. "Los sindicatos no vamos a renunciar a negociar, pero si no hay voluntad por parte de la otra parte, el Gobierno debe legislar por el interés general".

Huertas concluyó su intervención reafirmando que "la sociedad está preparada" para una jornada laboral más corta, "y los datos lo demuestran". No se trata solo de mejorar el bienestar laboral, sino de garantizar una vida más saludable, justa y humana para millones de personas.

"No podemos seguir negociando como si la salud mental, el agotamiento o la desigualdad no existieran. Es hora de cambiar el modelo. Y la reducción de jornada es el primer paso"