Protestas por la inoperancia de Ayuso para hacer frente a la pandemia

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Foto: Agustín Millán

Ante temor de que la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid empeore aún más para la salud de la ciudadanía y la salida de la crisis, sindicatos, partidos políticos, asociaciones y organizaciones profesionales exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid que adopte las siguientes medidas:

Adopción de un plan riguroso, basado en criterios científicos para toda la región, que incorpore las imprescindibles e inmediatas medidas sanitarias para controlar la pandemia: contratación de rastreadores hasta llegar a los 2.000 que recomiendan los expertos, refuerzo de los Centros de Salud para su plena operatividad, garantías habitacionales para el confinamiento de casos y contactos, y asignación de medios para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas generales de salud pública publicadas en el BOCM. En concreto, con urgencia, el refuerzo de Equipo de rastreadores hasta alcanzar el número recomendado por las instituciones expertas internacionales en la materia.

Personal de los laboratorios y del material necesario para reducir los tiempos de espera actuales de los resultados PCR.

Personal sanitario en los centros de Atención Primaria, que una vez alcanzada la media europea no deberá reducirse en los próximos años, e incrementar progresivamente su presupuesto para garantizar las plantillas con el personal necesario.

La creación de un comité científico que pilote y controle todas las decisiones sanitarias a adoptar durante el tiempo que dure la pandemia, así como la constitución de un grupo de crisis integrado por todos los agentes, políticos, institucionales, sindicales, sociales y económicos, representantes de la sociedad madrileña organizada, en el que los Ayuntamientos deben tener un espacio relevante.

El refuerzo del transporte público que garantice que su ocupación no supere una persona por metro cuadrado de superficie.

Intensificar la vigilancia e inspección de los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad, asegurar su medicalización y, en su caso, la hospitalización de las personas residentes en coordinación con los recursos sanitarios, así como la dignificación de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de las plantillas.

El refuerzo de personal docente, de acompañamiento educativo y de servicios generales que garantice el funcionamiento seguro y eficaz de los centros educativos. Y, en especial, de personal de enfermería y coordinación con los centros de salud.

La reserva de calzada necesaria para transporte público y movilidad ciclista que garantice su uso prioritario en el transporte ciudadano.

La compatibilidad de la Renta Mínima de Inserción con el Ingreso Mínimo Vital, así como la implantación rápida del segundo en un plazo no superior a un mes.

El refuerzo de los Servicios Sociales para garantizar la prevención y eliminación de las situaciones de riesgo social, potenciando prestaciones de emergencia, servicios de apoyo domiciliario y recursos habitacionales alternativos, entre otros.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SALVAN VIDAS

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