MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

MANIFIESTO 1 DE OCTUBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

ENTREGA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Hace 30 años, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/106 designó el 1º de octubre como el día Internacional de las Personas de Edad, fecha que hemos celebrado y reivindicado ambos sindicatos, CCOO y UGT, para obtener la visibilidad necesaria y destacar las importantes aportaciones que las personas mayores realizamos para el avance de nuestra sociedad y para crear conciencia intergeneracional sobre las diferentes oportunidades y los desafíos del envejecimiento activo en nuestro mundo.

Nuestro recuerdo inicial en este 1º de Octubre es para los miles de personas fallecidas por la acción asesina del virus que ha asolado a nuestra sociedad y nuestro abrazo solidario a sus familias. La pandemia ha sido especialmente cruel con nuestro colectivo, sin duda el más castigado por la virulencia de la pandemia, solo en las residencias de mayores se ha producido un  desastroso impacto que ha segado más de 30.000 vidas, hoy seguimos manteniendo nuestra creencia de que muchas de estas vidas se podían haber salvado, realizando políticas de prevención y desarrollando planes de acción para salvaguardarlas. Seguimos planteando la necesidad de investigar judicialmente lo ocurrido en nuestro colectivo durante la pandemia y la exigencia de responsabilidades de quienes debían de haber tomado las decisiones necesarias para evitar el brutal resultado provocado por la inacción o acción errónea política y sanitaria durante la pandemia en este ámbito.

Pese a la dificultad evidente de gestión de una pandemia de estas características, hasta la puesta en marcha de un proceso de vacunación que parece haber permitido controlar la misma, la gestión y capacidad preventiva en las residencias de mayores han resultado claramente insuficientes para abordar una crisis de esta dimensión y naturaleza.

Las personas mayores contribuimos desde diferentes ámbitos al desarrollo económico y social de la nación, pero a pesar de ello, seguimos siendo discriminadas y excluidas de la sociedad, como esta pandemia ha vuelto a demostrar. Debemos superar definitivamente el edadismo, superar prejuicios, para obtener una población más activa social y económicamente, una sociedad que se sienta protegida y que se le permita envejecer de la forma más saludable posible.

En el contexto de crisis sanitaria actual, la vida de las personas mayores y la calidad con la que la viven está condicionada, por un lado a que se aseguren y fortalezcan servicios públicos de calidad, capaces de mantener las medidas de higiene, atención y prevención necesarias. Por otro, a que generemos espacios de convivencia capaces de primar las necesidades sociales en condiciones de seguridad, como ciudades más peatonales y ciclables o redes de apoyo a las personas vulnerables.

Las personas mayores preferimos envejecer en nuestras casas, pero uno de los principales problemas es la accesibilidad a nuestros propios hogares, pues en España hay alrededor de 5 millones los edificios que no cuentan con ascensor, además de otras barreras arquitectónicas, por lo cual unos 1,8 millones de personas tienen serias dificultades o, directamente, no tienen la posibilidad de salir de sus casas.

En cuanto a la atención a domicilio, hay que identificar a las personas con mayores necesidades de atención y priorizar las atenciones consideradas imprescindibles en cada caso para así poder reorganizar los recursos. Se emplaza a que sean los y las asistentes sociales pertenecientes a las respectivas consejerías de servicios sociales o administraciones locales, quienes en el marco de una adecuada coordinación sociosanitaria, bajo la dirección de los servicios públicos de salud, valoren las situaciones personales y sociales de las personas usuarias, y no las empresas que actualmente prestan estos servicios.

El hecho de que las personas mayores sean vulnerables, no implica ni mucho menos que con ello hayan perdido salud o capacidades. Los hombres y las mujeres que superan los 65 años siguen siendo personas que aún tienen expectativas de vivir décadas. Por ello debemos pública y colectivamente asumir el desafío de que sus vidas sean saludables y activas.

Para ello los sistemas públicos de salud, dependencia y servicios sociales, son elementos esenciales para lograr envejecer en condiciones saludables y con autonomía. Además, son instrumentos para luchar contra la desigualdad en todas las etapas de la vida, abordando las diferencias territoriales existentes así como la cobertura de servicios y recursos destinados para las personas mayores.

Hay que seguir garantizando el Sistema Público de Pensiones, para ello el último acuerdo es muy importante pues se elimina el índice de revalorización de las pensiones, que limitaba las subidas anuales al 0,25%, se elimina el factor de sostenibilidad, mejorando las pensiones de futuras generaciones de pensionistas y reforzando el pacto intergeneracional, el Estado asume los mal denominados gastos impropios de la Seguridad Social, dando un nuevo y decisivo paso en la separación de fuentes de financiación que se viene construyendo desde 1995, (dando cumplimiento de la forma más adecuada al sistema de financiación previsto en el artículo 109 de la Ley General de Seguridad Social, principalmente a través de ingresos por cotizaciones y transferencias presupuestarias, que no préstamos) y se compromete a garantizar el sistema público de pensiones, al incluirse en la Ley General de la Seguridad Social una cláusula mediante la cual se realizará anualmente una transferencia a través de los PGE por alrededor de un 2% del PIB, que supone 22.000 millones de euros en cifras de 2021, lo que representa una gran mejora en los ingresos del sistema y por lo tanto de la sostenibilidad de las pensiones.

Durante años, sucesivos gobiernos han financiado con cargo a cotizaciones otras políticas de gasto, detrayendo durante la crisis anterior, de forma acelerada y por cuantías superiores a las previstas inicialmente en la Ley que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los fondos acumulados en el mismo.

El propio Tribunal de Cuentas ha cuantificado en 103.690 millones de euros, lo que ha estimado financiación con cargo a cotizaciones de otras políticas que debieron ser financiadas presupuestariamente.

El acuerdo de pensiones recientemente alcanzado, refuerza esta línea de necesaria transparencia y rigor en el cumplimiento del principio de separación de fuentes que aún tenía muchas excepciones en su aplicación.

En este aspecto, resulta conveniente, conocer y tener en cuenta a la hora de abordar el futuro de la Seguridad Social, en el marco de la solidaridad intergeneracional, las aportaciones realizadas históricamente por las cotizaciones durante las últimas décadas y el destino real  de las mismas, completar y mantener actualizado el proceso de separación de fuentes y clarificación de su utilización mediante su estudio y análisis por parte de la Seguridad Social, Con ello se refuerza también la transparencia en la gestión de la Seguridad Social, facilitando a los trabajadores y trabajadoras, de un lado, y al conjunto de la sociedad, de otro, el mejor conocimiento del destino de sus cotizaciones e impuestos, respectivamente, en la financiación de la Seguridad Social. Cotizaciones que son y serán la principal fuente de financiación del sistema y financiación presupuestaria que, con importancia creciente durante los próximos años, deben permitir financiar adecuadamente el sistema de pensiones durante las décadas en que va a tener que afrontar necesidades más elevadas.

No se trata solo de una exigencia democrática y de transparencia elemental, sino también de combatir las campañas interesadas en dar la falaz imagen de una Seguridad Social en bancarrota, endeudada y sin recursos suficientes, y al mismo tiempo defender que el sistema de reparto en el que se basa nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible, y más  cuando no se le endosan –como en el pasado- gastos indebidos, y es además el único que puede garantizar y blindar el futuro de las mismas.

Resaltamos que la desigualdad laboral se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías colocan a las mujeres en una posición visiblemente peor que la de los hombres. Antes de la crisis, ya se podía observar que las condiciones laborales y los distintos niveles de corresponsabilidad social afectan a la cuantía de las futuras pensiones y mantienen la desigualdad en el acceso y determinación de las mismas. Las políticas para evitar y abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen en las condiciones de trabajo, renta y vida de las mujeres, deben tener un papel protagonista para evitar la brecha existente.

Por todo ello hoy día 1 de octubre, las Federaciones de Pensionistas y Jubilados de UGT y de CCOO reclamamos al Gobierno y al conjunto de las Administraciones y Poderes Públicos, lo siguiente:

1.-El desarrollo e implantación de políticas públicas en materia de promoción de la salud son imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo, puesto que afectan de forma directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores. Se hace cada día más imprescindible situar el gasto sanitario público en al menos, el 7,2% del PIB, algo que venimos reivindicando durante años. Ese incremento en la financiación debe aparejar el incremento del gasto en Atención Primaria hasta el 25% del total del gasto sanitario, para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios, y dar más capacidad resolutiva a la Atención Primaria.

2.-Que se siga protegiendo a las personas mayores del COVID19, para ello hay que considerar tres situaciones: Personas mayores autónomas, personas que requieren ayuda a domicilio, y personas residentes en centros de mayores. El primero de los casos requiere aislamiento y prevención primaria, pero los otros dos casos, precisan de una apuesta por el establecimiento de criterios comunes estatales amparando los derechos de atención a la dependencia y la salud pública, con una cooperación interadministrativa, con criterios claros de actuación, que deberán aplicar las administraciones competentes

3.-Se necesita más capacidad de respuesta del sistema de Atención a la Dependencia ante la crisis sanitaria, pues ha resultado manifiestamente débil. Hay que recuperar la financiación estatal, insistiendo en la línea del reciente acuerdo en el marco del Diálogo Social para poner en marcha un Plan de Choque para culminar la implantación del Sistema de Atención a las personas Dependientes. Desde el 2012, el desarrollo del sistema se ha ido asentando sobre una fragilidad que se ha hecho patente los últimos años. Potenciar el sistema sobre el eje crucial de la calidad es clave para afrontar los retos demográficos que están por venir. Hay que hacer más hincapié en la relevancia de reorganizar los centros de atención a las personas dependientes adecuando sus recursos y espacios en función del grado de dependencia.

4.-Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es muy vulnerable a políticas de recortes, y más cuando estamos pasando, en demasiadas ocasiones, a convertirnos en sustentadoras principales, de las siguientes generaciones, pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

5.-Es necesario abordar las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida. Las políticas públicas deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos a la vez que promover la redistribución de la riqueza, pues existe margen para mejorar la contribución fiscal, así como para conseguir un sistema fiscal más justo, con un reparto más equilibrado de los esfuerzos, sin ello, las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida se trasladan a la vejez, como sucede con las brechas de género, en el trabajo, cuidado y pensiones.

En nuestro colectivo, las personas mayores, de forma compatible con la valoración positiva de nuestro sistema de pensiones contributivas, el margen de mejora de las pensiones en colectivos significativos, es muy evidente.

Un 25,64% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo del nivel de pobreza relativa (60% de la mediana de ingresos), más de un 28% si le sumamos las pensiones no contributivas.

Incluso un 8,19% de las pensiones están por debajo del nivel de pobreza severa (30% de la mediana de ingresos).

Por todo ello, nuestra reivindicación de incremento de las pensiones más bajas, es una cuestión esencial.

Precisamente, enmarcado en términos de pobreza, el Acuerdo recién firmado por ambas organizaciones, ha supuesto poner freno a una sangría continua de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, consiguiendo frenar esa caída en picado al restablecer el IPC como índice revalorizador de las pensiones y asegurando el nulo efecto de una inflación negativa. Así como la desaparición del Factor de Sostenibilidad que actuaba como una auténtica espada de Damocles, que pretendía rebajar las pensiones de manera creciente, en un 9% para las personas que actualmente tienen 50 años, hasta un 25% para las más jóvenes, hoy en torno a los 20-25 años, para continuar aumentando el recorte incluso después, dejando a los futuros pensionistas en una situación límite, en el momento más vulnerable de sus vidas.

6.-Es muy importante iniciar un debate para después plasmarlo en una futura ley integral de derechos de las personas mayores. Esta debe garantizar una protección específica a los mayores y contemplar los ámbitos de la salud, la vivienda, la protección social y económica, la protección jurídica, la cultura o el ocio.

7.-Considerar el hecho del envejecimiento como un logro obtenido por los avances científico técnicos del conocimiento humano y, a la vez, como un reto para conseguir que durante el tiempo en que se prolongue la pervivencia se garantice la mejor calidad de vida.

8.-Nos seguiremos movilizando contra la pobreza energética, pues el precio de la luz es desorbitado. Por ello deberían implantarse medidas específicas para la población más vulnerable, tales como:

· Desarrollar programas para la población, que por encontrarse en situación de pobreza energética, no puede acometer ninguna medida de eficiencia energética y necesita que las administraciones públicas (Gobierno Central, gobiernos autonómicos y municipales) financien dichas actuaciones.

· Ampliar y reforzar el bono social para las personas vulnerables.

· Extender el plazo de moratoria a los cortes de luz para la población vulnerable.

· Aplicar una tarifa más baja para un consumo mínimo vital en los primeros KWh consumidos.

Ante los problemas que tenemos nuestro colectivo y si no se tienen en cuenta nuestras propuestas, en el desarrollo de políticas públicas y con una mayor dotación de recursos para la mejora del sistema de salud y dependencia, la financiación de las pensiones, la aplicación transversal de la perspectiva de género y el replanteamiento del sistema productivo y fiscal, los pensionistas y jubilados, de CCOO y de UGT, nos seguiremos movilizando hasta conseguirlo, llamando y concurriendo con el conjunto de la sociedad a participar de estas movilizaciones.