Cada 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se repiten las palabras de buena voluntad. Este año conviene empezar por otra cosa: por recordar que la pobreza no es un fenómeno natural, como la lluvia. Se produce, se tolera o se combate. Y en la Comunidad de Madrid, la región más rica de España, se tolera.

Los datos son públicos. Madrid tiene el mayor producto interior bruto por habitante del país, 47.220 euros. Y, sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, casi 1,4 millones de madrileñas y madrileños, el 19,4%, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Entre la infancia, la cifra sube al 23,2%: casi una de cada cuatro niñas y niños. No hablamos de una región sin recursos. Hablamos de una región que no los reparte.

La primera razón es la vivienda. Un hogar madrileño gasta de media 1.269,39 euros al mes en la casa y los suministros, 297 euros más que la media de España. Con salarios que no siguen ese ritmo, cada vez más personas trabajan y no llegan a fin de mes. Tener empleo, en Madrid, ya no garantiza poder vivir. Es la gran trampa de un modelo que presume de crear puestos de trabajo mientras los alquileres se comen las nóminas.

Cuando todo falla, debería estar lo público. Pero lo público, en Madrid, está a la cola. La Comunidad dedica a la sanidad pública el 4,0% de su PIB, el porcentaje más bajo de España, frente al 6,0% de media, y cada vecina y cada vecino paga de su bolsillo 652,7 euros al año en salud. Lo que no cubre la sanidad pública lo pagan las familias, y quien no puede pagarlo, espera.

Con los servicios sociales ocurre lo mismo, y es más grave, porque son la puerta de entrada a todos los demás derechos. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales le da a Madrid en su último índice un 4,85 sobre 10: «débil». La Comunidad gasta 439,86 euros por habitante en servicios sociales, frente a 575,06 de media en España: el puesto 15 de 17. La región que más tiene es de las que menos invierte en proteger a quien menos tiene.

Las consecuencias tienen nombre y apellidos. 12.612 personas tienen reconocida la dependencia y no reciben ninguna prestación, y la espera media es de 335 días, más que en el conjunto del país. Y la Renta Mínima de Inserción, la última red para quien no tiene nada, ha quedado reducida a 123 familias en toda la región en agosto de este año. No es que la pobreza haya desaparecido: es que la ayuda se ha vuelto inalcanzable.

Nada de esto es inevitable. Es el resultado de una política que baja impuestos a quien más tiene y recorta en lo que sostiene a la mayoría. Cada euro que no se invierte en una enfermera, en una trabajadora social o en una vivienda pública lo pagan después, con creces, las familias trabajadoras.

Desde UGT Madrid lo decimos con claridad: la pobreza no se combate con caridad, sino con derechos. Salarios dignos, vivienda pública en alquiler, una renta mínima que llegue de verdad a quien la necesita, y una inversión en sanidad, educación y servicios sociales al menos en la media de España. No pedimos privilegios. Pedimos que la región más rica cumpla con su gente.

Los derechos nunca se han regalado. Se han conquistado, organizándose y plantándose cuando ha hecho falta. Hoy sobran motivos para volver a hacerlo. Por eso, en noviembre, las trabajadoras y los trabajadores de Madrid tenemos una cita con nuestros derechos: la huelga general. Porque Madrid tiene la riqueza, y ya es hora de que la reparta.

Datos: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2025, Encuesta de Presupuestos Familiares y Contabilidad Regional de España; Ministerio de Sanidad, Estadística de Gasto Sanitario Público 2024; Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), informe sobre privatización 2026; Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, Índice DEC; IMSERSO, Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; Comunidad de Madrid, Renta Mínima de Inserción.