Los derechos de las personas con discapacidad deben ser una prioridad política

UGT reivindica la importancia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma integrada en nuestro ordenamiento jurídico, que permite mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas y fomentar su inclusión social y laboral.

No obstante, todavía queda mucho por hacer para erradicar las discriminaciones que sufren en todos los ámbitos, y que se acrecientan más en el caso de las mujeres. Más allá de los datos sobre el número de las personas discapacitadas, la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, publicada por el INE en 2020 constata las discriminaciones sociales y laborales que sufren estas personas a pesar de los mecanismos actuales para promover la igualdad de oportunidades.

Su situación social y laboral (dificultades para el acceso al empleo, para su desarrollo profesional o su participación en el mercado de trabajo); la falta de accesibilidad universal, o la necesidad de ayudas y apoyos exigen, sin más dilación, la elaboración de la próxima Estrategia de la Discapacidad, que debe dar una respuesta eficaz a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, y debe contar con la participación de los interlocutores sociales. Se trata de dar una solución integral.

UGT seguirá trabajando para que las personas con discapacidad sean ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y exigirá que se priorice en la agenda política medidas para superar las discriminaciones que sufren.

Datos de la Encuesta:

  • En 2020 había 4,32 millones de personas mayores de 6 años que tenían alguna discapacidad o limitación, el 9,12% de la población. De ellas, 2,55 millones eran mujeres frente a 1,77 millones de hombres.
  • Más de la mitad de las personas con discapacidad son mayores de 70 años, 1,5 millones son mujeres.
  • Un 55.7% de las personas discapacitadas tienen problemas de movilidad, un porcentaje que se eleva hasta el 65,1% a partir delos 80 años, afectando mayoritariamente a mujeres.
  • De los 1,5 millones de personas discapacitadas en edad de trabajar, solo trabajaban en 2020, 369.900, la mayoría con un contrato indefinido y a jornada completa. Las mujeres con discapacidad acaparan los contratos a tiempo parcial y las reducciones de jornada como ocurre con la población en general.
  • El 1,2% de las personas discapacitadas que trabajan dicen sufrir discriminaciones.
  • Hay cerca de 4 millones de hogares donde vive alguna persona con discapacidad, y en un 1.128.200 de ellos vivía esa persona sola.
  • El modelo de cuidados sigue siendo principalmente el familiar y muchas veces lo asume en solitario un miembro del hogar (esto ocurre en un 24,6% de los hogares. El 50% de los cuidadores realiza esta labor más de 8 horas diarias). El perfil del cuidador principal, es el de una mujer (63,7%).
  • Había 106.300 niños y niñas con discapacidad, de los que el 66% eran niños y el 34% niñas. 4 de cada 10 niños hasta los 15 años declararon haberse sentido discriminados; y entre los mayores de 16 años, la percepción de discriminación afectó a dos de cada diez.
  • La accesibilidad universal, también es un tema pendiente, ya que un 34% afirmaron tener dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda y sus accesos; 1,5 millones en edificios públicos o en el entorno urbano; el 43,8% manifestó tener dificultades en el transporte, tanto público como privado; y el 39,4% tuvo condicionado el acceso a las nuevas tecnologías.