La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos de las mujeres

Desde la Secretaría de Mujer, Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT Madrid denunciamos la forma en la que la Comunidad de Madrid aborda el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo vulnerándose derechos.

Hoy, valientemente, la doctora del hospital Clínico San Carlos, Marta Vigara, denunciaba públicamente el maltrato institucional, violencia obstétrica y la vulneración de la ley del aborto que sufrió hace unos meses en el mismo hospital donde trabaja.

Marta, a las 17 semanas de su embarazo, sufrió una rotura temprana de la bolsa con lo que el pronóstico fetal era fatídico. Tenía que interrumpir el embarazo tanto por su salud como por la difícil viabilidad del bebé, pero al haber latido, en ningún momento contemplaron que era un aborto terapéutico

El servicio de ginecología del Clínico le dijo que podía interrumpir el embarazo, pero en otro hospital, ya que todos los profesionales del departamento son objetores de conciencia y por eso derivan a las mujeres a las clínicas privadas.

Preocupa a UGT Madrid que, lo que le ha pasado a Marta en el Hospital público El Clínico, les pasa a otras mujeres de la Comunidad de Madrid que quieren ejercer su derecho.

En los últimos 10 años, desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo del 2010, en la Comunidad de Madrid el 99% de los abortos realizados se han hecho en la sanidad privada.

La objeción de conciencia negando a las mujeres el derecho al aborto que reconoce la Ley las está obligando a acudir a clínicas privadas y donde en no pocas ocasiones les espera los grupos antiaborto que las insultan e increpan.

UGT exige a la Comunidad de Madrid que garantice a las mujeres, en “aras de la libertad” que tanto predican que garantice a las mujeres de nuestra Comunidad Autónoma el libre ejercicio de sus derechos.

Consideramos que para garantizar el derecho de las mujeres al aborto es imprescindible regular la objeción de conciencia de los profesionales de ginecología y así garantizar que las mujeres puedan acudir a un hospital público y hacer uso de sus derechos.

Para UGT sería lamentable, si se constata, el que algunos profesionales se viesen abocados a la objeción para evitar la penalización en sus carreras profesionales.

También, queremos valorar positivamente la iniciativa impulsada ayer en el Congreso sobre el cambio del Código Penal en relación a tomar medidas contra quienes hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como ocurre en clínicas de la Comunidad Autónoma de Madrid.