Jornada Mundial por el Trabajo Decente

  • UGT considera prioritario derogar la reforma laboral porque solo genera precariedad, e insta al Gobierno a convocar la mesa del diálogo social
     
  • La pandemia ha revelado, con toda crudeza, que las políticas neoliberales que hemos soportado durante décadas han fracasado, creando una sociedad precaria
     
  • Es imprescindible una visión global para la reconstrucción post-covid, un pacto social, empezando por el concurso de las organizaciones sindicales en la elaboración de los planes de reconstrucción

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha convocado para el 7 de Octubre de 2020 la 13ª Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este año tiene como objetivo exigir que los planes de reconstrucción, que están poniendo en marcha los Estados y organizaciones como la UE, tengan como elemento central el trabajo decente y se dé prioridad a las personas.

La Unión General de Trabajadores, en coincidencia con la CSI, considera que es necesario construir un nuevo país sobre las bases de más justicia, más igualdad, y más empleo con derechos y salarios dignos, por lo que es necesario comenzar de manera urgente con la derogación de la reforma laboral. La reforma laboral y otras políticas neoliberales implantadas en las últimas décadas sólo han generado desigualdad e inseguridad para las personas trabajadoras.  

Una sociedad precaria, una sociedad desigual

En España la pandemia nos ha revelado, con toda crudeza, que la sociedad creada durante los años de la crisis y que se mantuvo intacta en los años de la recuperación es una sociedad precaria, sin recursos sanitarios, sin recursos industriales propios, con un mercado de trabajo tan frágil que pudo ver cómo se volatilizaba la mitad del mismo de un día para otro. Hubo que improvisar a toda velocidad nuevas normas de protección para empresas y trabajadores, nuevos cauces de financiación, nuevas formas de trabajar, nuevas maneras de producir y comercializar. 

Desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, el covid-19 ha puesto en evidencia a las políticas neoliberales que hemos soportado durante décadas; ha dejado claro que recortar el Estado cuesta vidas; que dejar sin financiación servicios públicos esenciales y sistemas básicos de protección social es letal para la cohesión social, y empobrece a las capas más débiles de la sociedad.

Por esta razón, las desigualdades y las lagunas en los sistemas de protección social preexistentes se han revelado con toda su crudeza durante la pandemia. La desigualdad de ingresos, la desigualdad de género, el trato a trabajadoras y trabajadores migrantes, el acceso de las personas jóvenes al trabajo, la lacra de la economía sumergida y sus efectos para trabajadores y trabajadoras que sobreviven con ella, la exclusión, o la insuficiencia de un sistema de cuidados público se han hecho visibles dejando a una parte de la población con menos oportunidades de hacer frente no solo a la situación sanitaria generada por la COVID-19, sino a sus consecuencias económicas y sociales. La desigualdad ha actuado y actúa como un factor de exclusión de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la pandemia.   

Por eso, UGT considera imprescindible el concurso de las organizaciones sindicales -que han demostrado sobradamente durante esta crisis su templanza, sentido común y altura de miras- en la elaboración de los planes de reconstrucción, que deben servir para cambiar nuestro tejido productivo, para hacerlo más fuerte frente a las crisis, y para generar trabajo decente, estable y con derechos. Unas organizaciones sindicales que defienden servicios públicos y un sistema de protección social universales, los principios de igualdad entre mujeres y hombres y de igualdad de trato y de oportunidades, la garantía de la salud y la seguridad en el trabajo, un sistema fiscal justo y un trabajo decente.

Derogar las reformas laborales, imprescindible para la reconstrucción

La reforma laboral sólo ha servido para abaratar y facilitar el despido, la excesiva temporalidad, bajos salarios, prácticas ilegales, trabajo en negro, etc. Además, la desregulación y debilitamiento de la negociación colectiva y las instituciones laborales estaban dirigidas a crear un modelo productivo precario y basado en bajos costes laborales.

Este modelo laboral precario tiene consecuencias directas en ámbitos como la educación, las prestaciones sociales, sanidad o pensiones, dado que a empleo y salarios más precarios, menores cotizaciones y peores servicios sociales. Por esta razón es una cuestión estratégica para nuestro país derogar las reformas laborales de los últimos años y articular una regulación laboral a la medida de los retos del siglo XXI.

Estamos ante una gran oportunidad para acometer el cambio de modelo productivo, laboral, fiscal y social capaz de conjugar la dinamización de la productividad, la innovación y el conocimiento con la generación de empleos decentes, salarios dignos, mejoras en el bienestar social y el respeto medioambiental; un modelo que garantice la eficiencia económica, la equidad social, la sostenibilidad ecológica y la solidaridad mundial.

UGT insta al Gobierno a poner en marcha de manera inmediata la mesa de diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo comprometida por el presidente del Gobierno y proceder a la derogación de la reforma laboral.

 

Manifiesto de UGT y CCOO sobre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente

El trabajo decente y la prevención salvan vidas

Por un nuevo contrato social

 

El 7 de octubre se celebra el 13º aniversario de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. CCOO y UGT de Madrid, junto a cientos de sindicatos y millones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, volvemos a reivindicar, durante esta jornada, que el trabajo decente sea una realidad.

Este año es preciso volver a denunciar la precariedad que sufren miles de trabajadores y trabajadoras, que además se ha visto aumentada por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19 y que ha puesto de relieve las debilidades estructurales del Estado de bienestar en España en general y en la Comunidad de Madrid en particular.

Buena parte de los servicios esenciales que se han mantenido al frente durante el estado de alarma, pertenecen a sectores que más van a sufrir las consecuencias de la crisis sanitaria, y donde hay una mayor presencia femenina. Así sectores de la economía como el comercio o la hostelería (con más del 50% de mujeres empleadas) o las actividades inmobiliarias (con casi un 56%) han sufrido un impacto elevado de la crisis sanitaria. En sectores relacionadas con el servicio doméstico (con más de un 87% de mujeres empleadas), y otro tipo de servicios (con más del 67% de mujeres) hablaríamos de un impacto medio-alto. Son además sectores precarios y muy vulnerables a la destrucción de empleo en caso de crisis.

Queremos poner en valor el trabajo muy poco valorado de muchos trabajadores y trabajadoras que, pese a tener condiciones de trabajo precarias, se han mostrado como esenciales para mantener nuestro modo de vida.

Covid-19. La enfermedad sí entiende de clases sociales

En nuestra Comunidad el regreso tras el verano está siendo muy difícil. Madrid hemos sido y seguimos siendo el primer foco de la epidemia, con un mayor número de contagios, de personas hospitalizadas y de fallecidas. Pero, además, estas cifras no son homogéneas sino que tienen un marcado sesgo de clase. Los barrios y municipios “obreros” son los que más están sufriendo en esta crisis.

La nefasta gestión política del COVID-19 en la Comunidad de Madrid está desatando una crisis sanitaria, económica, social y política que impacta con enorme intensidad sobre las personas socioeconómicamente más precarias. Las personas que ya venían padeciendo discriminaciones y desigualdades antes de la pandemia, ya fuera por su nivel socioeconómico, su género, su procedencia (ser inmigrante) o por pertenecer a otra etnia, etc., están siendo las grandes víctimas de esta injusta e ineficaz gestión. Precisamente porque son las que sufren peores condiciones de vida y por ello las más vulnerables, ante la enfermedad y ante las consecuencias de la misma (desempleo, desprotección, riesgo de pobreza).

Las peores condiciones de vida de la clase trabajadora y las personas con menos recursos socioeconómicos (residencial, laboral, uso del transporte público,…) unida a la escasez de recursos sociosanitarios y servicios públicos, está determinando una menor efectividad de medidas como el confinamiento en el hogar o el distanciamiento social, al ser más difíciles de cumplir por parte de estas personas. Ellas cuentan con menos posibilidades de teletrabajar, menos posibilidades de acceder al lugar de trabajo en transporte privado, y menos posibilidades de confinarse individualmente en el hogar minimizando el riesgo para los convivientes. La propia pandemia, pero especialmente, la gestión política de la misma (basada principalmente en el confinamiento individual y el distanciamiento social) agrava estas desigualdades, de tal manera que, las personas con perores condiciones de vida se ven más expuestas, en el trabajo y en su vida cotidiana, enferman más y cuentan con menos recursos para frenar la expansión de la pandemia.

El riesgo de pobreza y exclusión social (TASA AROPE) es del 19% y se mantiene estable. A pesar de ser la segunda Comunidad Autónoma con mayores ingresos por persona, resulta injusto y contradictorio que el 4,5% de la población madrileña se encuentren en situación de pobreza severa.

Blindar el Sistema Público de Salud: Un nuevo contrato social.

Durante esta crisis estamos aprendiendo y poniendo en valor aspectos muy importantes, el primero, sin lugar a dudas, es la exigencia de blindar nuestro Sistema Público de Salud, pero también que la salud es global, dentro y fuera del trabajo y que asegurar la protección de la salud de las personas trabajadoras es clave para controlar y contener el coronavirus Covid-19. Se ha hecho evidente que las condiciones en que trabajamos condicionan no solo nuestra salud individual sino también la colectiva, pero además se han puesto de manifiesto que ante retos importantes de salud pública como el actual, es imprescindible incorporar la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo para abordarlos con mayor garantía, aunque también somos conscientes que no será suficiente si no se adoptan  medidas más intensas para evitar el contagio social y resolver la crisis sanitaria. Con la pandemia del coronavirus, hemos asistido al drama de las personas mayores que enferman y mueren sin poder ser atendidos en condiciones y de sus familiares que no han podido verlos por la cuarentena y el confinamiento; pero también, hemos visto, la impotencia y el agotamiento físico y psicológico de las trabajadoras que han vivido sin duda los peores días de sus vidas.

Reclamamos profundos cambios en la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, con mejoras en las condiciones laborales de las y los trabajadores, más dotación de personal y material, y de este modo mejorar la calidad de la atención de las personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid. Todo ello sin que se renuncie a la depuración de las responsabilidades por las muertes y los hechos acaecidos en estos centros.

La seguridad y la salud en el trabajo salvan vidas

Según la EPA del segundo trimestre de 2020, en la Comunidad de Madrid la pandemia ha destruido 112.988 empleos y ha llevado a 71.515 personas más al paro, sumando un total de 424.411 personas buscando empleo, de las que el 58% son mujeres, los contratos indefinidos son sólo 2 de cada 10 y los contratos a tiempo parcial 1 de cada 3. Además, más de 200.000 personas no reciben ninguna ayuda económica mientras buscan empleo.  No hay empleo decente si no hay empleo suficiente y una protección adecuada a las personas que, queriendo trabajar, no encuentran una ocupación.

Este año la exigencia de un trabajo decente es si cabe más necesaria que nunca, resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral. Implica tener la oportunidad de acceder a un empleo digno, con un salario justo, protección social para las familias y que permita tener mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social así como libertad para organizarse y participar en las decisiones que afectan a sus vidas, igualdad de oportunidades y de trato para todas las mujeres y hombres, pero también seguridad en el lugar de trabajo y unas condiciones que protejan la salud y la vida de la población trabajadora, especialmente en este año en el que el mundo laboral se ha visto profundamente afectado por la pandemia de la Covid-19.

Y es precisamente en este último aspecto en el que UGT y CCOO de Madrid nos queremos centrar este año, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la protección de la salud y de la vida es nuestra prioridad más importante, dentro y fuera de los centros de trabajo. Queremos denunciar como la precariedad instalada en nuestro mercado laboral, además de ser una fuente de injusticia y desigualdad está pasando una factura cruenta en términos de pérdida de salud y de muerte.

Son tiempos, los que vivimos, donde nos despertamos con noticias de contagios, hospitalizaciones y muertes de muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad, y que, a veces, tapan otros dramas como la muerte en el trabajo.

En lo que va de año 43 personas han fallecido por accidente laboral en Madrid, el último un trabajador de 46 años que falleció el viernes en las obras de construcción del Hospital de Emergencias en Valdebebas, tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo por una caída.

La pandemia por la covid-19 está causando mucho sufrimiento en la clase trabajadora, pero es necesario no bajar la guardia y seguir vigilando y controlando los riesgos presentes en los lugares de trabajo para evitar accidentes y sobre todo evitar muertes.

Hay que asegurar un trabajo digno, decente y que no ponga en peligro la salud y la vida de la población trabajadora, con menos precariedad y con más derechos, porque la siniestralidad sigue estando ligada a unas deficientes condiciones de trabajo.

Urge actuar y hacerlo de forma firme y contundente. Porque hay que cambiar las reglas, un cambio que permita recuperar derechos y entre ellos el derecho a la salud en el trabajo:

  • Es el momento de luchar colectivamente por el cumplimiento de la ley de prevención y de la normativa sanitaria, de señalar y denunciar a las empresas que no las cumplen.
  • Es el momento de recuperar la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales.
  • Es el momento de exigir a los poderes públicos un compromiso de garantizar dicho cumplimiento, extremando el control y actuando con mayor contundencia, potenciando el papel de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía de Siniestralidad para perseguir los delitos contra la salud y la vida, pero también de la Salud Pública y de la Atención Primaria.
  • Es el momento de derogar la reforma laboral y restituir los derechos arrebatados a trabajadores y trabajadoras y volver a la senda del empleo de calidad.

CCOO y UGT vamos a seguir trabajando para afrontar esta crisis sanitaria haciendo lo que mejor sabemos: defender a la clase trabajadora denunciando donde sea preciso y exigiendo el cumplimiento de la normativa preventiva y sanitaria.  Contamos con un equipo irremplazable para llevar a cabo esta tarea, como son los miles de delegados y delegadas de prevención y los comités de seguridad y salud que trabajan cada día en los centros de trabajo para garantizar unas condiciones de trabajo, de seguridad y salud adecuadas para sus compañeros y compañeras.

Un nuevo modelo Productivo para la recuperación y la resiliencia.

O nos adaptamos o seguiremos viviendo tiempos de dificultades, sobre todo para las personas más vulnerables.

Sólo tenemos un planeta. La Unión Europea ya apuesta por un Plan de recuperación y resiliencia, con inversiones en acción climática y digitalización y en la Comunidad de Madrid es más necesario que nunca hacerlo con una perspectiva de equidad, para que nadie se quede atrás.

UGT y CCOO exigimos un Plan de Reconstrucción para Madrid en el contexto de un amplio acuerdo social y político.

Hay que reconstruir Madrid, sobre nuevas bases, garantizando la protección de las personas y el desarrollo de sectores de actividad que permitan un empleo suficiente en número y en calidad, sostenible y que preste a la sociedad madrileña aquello que necesita (industria autónoma, servicios públicos, cuidados, etc.)

Sólo así, luchando, reivindicando, denunciando y también negociando conseguiremos que el trabajo sea decente y contribuiremos a conseguir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Basada en el respeto de los derechos de la clase trabajadora, de la igualdad entre hombres y mujeres y de la protección de la salud de todas y todos.

Defendamos un trabajo decente, porque no es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si nos lleva a la muerte.