Hacia la privatización de las vacunaciones presentes y futuras en la Comunidad de Madrid

Durante la pandemia el Gobierno Regional ha decidido recurrir reiteradamente al sector privado para solventar las carencias mantenidas en la sanidad pública madrileña que son manifiestas.

Ocurrió con la falta de rastreadores, con el almacenamiento, preparación y distribución de los viales de Pfizer, Moderna y AstraZeneca y con la vacunación en las residencias y centros sociosanitarios.

Hoy, Madrid es la Comunidad Autónoma con el menor porcentaje de población con al menos una dosis (47,2%), con diferencias muy sustanciales en los grupos etarios más jóvenes (un 43% menos entre las personas entre 30 y 39 años y un 25% menos entre las personas entre 40 y 49 años).

Madrid es la Comunidad Autónoma con el menor porcentaje de dosis administradas sobre dosis entregadas (85,3%), casi un millón de dosis de las entregadas aún no han sido administradas (912.829).

Ahora, una vez más, la demora en la vacunación ha vuelto a hacer necesario recurrir a empresas privadas.

Durante 2020 la Comunidad de Madrid recibió más créditos extraordinarios del Gobierno Central por gastos sanitarios para hacer frente a la COVID (2.110 millones de euros) que los gastos reconocidos por la propia comunidad (1.847 millones de euros), lo que supone un superávit de 262 millones de euros.

Esta cantidad sería suficiente para contratar a profesionales y dotar de los recursos que necesita la atención primaria, sin embargo, el Gobierno Regional se empeña en infradotar a este nivel asistencial, invirtiendo menos de un tercio de lo necesario (73 millones).

De este modo se está impidiendo que este nivel asistencial se pueda hacer cargo con rapidez y eficacia de la campaña de vacunación COVID y mantiene a la atención primaria colapsada, a ciudadanos con graves dificultades para obtener una cita presencial o telefónica, y con profesionales agotados y desmotivados. Todo ello podría solucionarse.

Sería más lógico, a la vez que más eficiente, mejorar la red de atención primaria para lograr una asistencia correcta, de mayor calidad, para los ciudadanos y, a la vez, una rápida vacunación frente al Covid de la población.

Por ello, parece que, tras estas peticiones de auxilio al sector privado subyace, a juicio de UGT, la incapacidad del Gobierno Regional para gestionar los recursos. Disfrazarla con el mantra ideológico, que tan caro nos ha salido a los madrileños y madrileñas en materia de salud pública, y caminar hacia la privatización de las vacunaciones de hoy y posiblemente las del futuro.