Día Mundial contra la Trata de Personas

La trata de personas constituye uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos. Se priva a las personas de su libertad y derechos por parte de terceros, sometiéndolas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos y mendicidad, entre otras modalidades.

Se calcula que el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños, que en la mayoría de los casos son utilizados para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras el otro 70% corresponde a mujeres y niñas, que son explotadas sexualmente desde muy temprana edad.

Con motivo de la celebración este viernes 30 de julio, del día Mundial contra la Trata de Personas, desde la Unión General de Trabajadores  volvemos a denunciar la compraventa de personas para su esclavitud y explotación sexual, una lacra que a día de hoy sufren millones de personas en todo el mundo y que también se da vergonzosamente cerca de todas nosotras y nosotros, en nuestro país, en nuestra propia Comunidad.

De hecho, solo en Madrid, hay 450 prostíbulos. En estos auténticos centros de violación de los derechos humanos se tolera legalmente la degradación de miles prostitutas, víctimas en su inmensa mayoría de la extorsión de redes internacionales que hacen del mercadeo con la dignidad y la libertad de las mujeres, su negocio. Es esta la imagen extrema, la materialización más cruel y cercana  de la feminización de la pobreza.

UGT Madrid, como organización abolicionista, exige tolerancia cero con la prostitución, como forma extrema de violencia machista, la aplicación del plan de ayuda integral a las mujeres víctimas de esta lacra y la persecución de los proxenetas y puteros.  

Existe un claro vínculo entre el trabajo forzoso, la trata de seres humanos y la migración. Promesas falsas de un contrato de trabajo y unas condiciones dignas de empleo, unos empleadores sin escrúpulos y el desconocimiento de sus derechos por parte de unas víctimas sin capacidad de negociación, son elementos que facilitan la vulneración de derechos laborales y, a la postre, de derechos humanos. 

Además, la pandemia ha agravado esta situación.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de 25 millones de personas en el mundo son víctimas del trabajo forzoso.

El 51% de estos 25 millones de personas se ven obligadas a trabajar bajo la amenaza de una pena o castigo, sometidos a esta moderna esclavitud para saldar una deuda que nunca llegan a pagar.

En nuestro país,  las víctimas identificadas de trata laboral se han incrementado en los últimos cuatro años, de las 25 del año 2016 a las 192 del 2019, gracias al trabajo de Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de trabajo. Sin embargo, es evidente que solo una pequeña parte de los casos existentes son detectados. 

Para UGT Madrid, es imprescindible incrementar la acción para combatir la trata con fines de explotación laboral y mejorar la identificación y asistencia a las víctimas. La colaboración de las Organizaciones Sindicales resulta básica en los ámbitos laborales y debe ser reconocida como tal por los gobiernos, tanto estatal como autonómico, incluyéndonos en la elaboración de las políticas destinadas a prevenir y perseguir el trabajo forzoso y la trata de seres humanos. Más allá de la detección, para sancionar adecuadamente este mercadeo de vidas humanas, es preciso  incluir en el Código Penal como delitos el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre por deudas.

A día de hoy a nivel estatal,  UGT elabora las alegaciones a presentar para la mejora del borrador del  Plan de Lucha contra el Trabajo Forzoso, tan esperado y necesario. Lamentamos que no hayamos sido convocados antes, pues recordamos que  el Protocolo 2014 contra el Trabajo Forzoso obliga a que tanto el Plan como la política general contra esta lacra se elaboren en consulta con los Interlocutores Sociales. Esperamos que aún estemos a tiempo de introducir las mejoras necesarias.

Para UGT es dentro del marco del Diálogo Social donde se puede y se debe legislar. Es en este marco en el que los instrumentos de la normativa de extranjería deben ser mejorados para adaptarlos a la realidad actual y prevenir la trata de seres humanos y el trabajo forzoso, para que no sea rentable vulnerar los derechos de trabajadores y trabajadoras como se ha hecho en sectores tan sensibles ante este problema y tan precarizados como el trabajo doméstico y el sector de los temporeros y temporeras.