UGT celebra la decisión del Supremo por justicia histórica

La decisión firme del Tribunal Supremo de que el Gobierno pueda sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos y enterrarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde descansan los restos de su mujer, sólo hace que se cumpla la decisión del Parlamento de avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Es un gesto simbólico muy importante para las víctimas del franquismo. Pero este lugar debe desacralizarse, ser un espacio de uso civil y de memoria hacia las víctimas del franquismo.
Y por supuesto, el nuevo lugar donde descansen los restos del Dictador, no sería de acceso público, no se podrían hacer actos públicos de exaltación y enaltecimiento o conmemoración alguna de los actos del Golpe de Estado de 1936 y sus posteriores actos de la Dictadura franquista. Pero debemos recordar que en dicho lugar aún se conservan los restos del Fundador de Falange Española, partido fascista, que alentó el golpe de Estado y la represión posterior.

Desde UGT queremos significar que se debe seguir actuando desde todas las Administraciones Públicas en la búsqueda de los desaparecidos y desaparecidas, para lo cual, se debía crear también un Banco Nacional de ADN y elaborar un Banco Nacional de Víctimas. También se debían de identificar y en muchos casos restaurar y proteger los lugares de Memoria, además de dar a conocer la Memoria Histórica y Democrática en todas las fases educativas, y se debe promover la investigación Universitaria de nuestra reciente historia, en aspectos como la represión y violencia ejercida sobre la población, las mujeres y otros colectivos por razón de género y diversidad sexual.

Sería muy importante la creación de un Consejo de la Memoria y establecer una Comisión de la Verdad, para poder dar respuesta a la divulgación, satisfacción y reparación a las víctimas y sus descendientes a familiares.

Deben ser anuladas todas las Sentencias de los Consejos de Guerra y Tribunales de Orden Público con los que se ejercía la represión política, y se deben revocar todos los privilegios, títulos nobiliarios, condecoraciones de los represores y sus familiares de la Dictadura franquista.

Y por supuesto, el nuevo lugar donde descansen los restos del Dictador, no sería de acceso público, no se podrían hacer actos públicos de exaltación y enaltecimiento o conmemoración alguna de los actos del Golpe de Estado de 1936 y sus posteriores actos de la Dictadura franquista.

En definitiva, debemos seguir con los principios del movimiento memorialista de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no repetición.