UGT-MADRID DENUNCIA QUE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD ESTÁ CEDIENDO PATRIMONIO DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA SU EXPLOTACIÓN PRIVADA
UGT-Madrid, desde la Secretaría de Políticas Sectoriales, denuncia que la ocupación de las infraestructuras públicas por empresas privadas que se está produciendo en el CE. PONTONES y que se producirá en el C.E. de QUINTANA suponen un cambio ilícito en los fines de estas infraestructuras transferidas en el año 2001 a la Comunidad de Madrid, pero cuya titularidad patrimonial sigue siendo de la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social). Apdo F.7.del Anexo del Real Decreto 1479/2001 sobre traspaso de funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. Así mismo se recoge en el anexo apdo F.9. que en caso de no uso o cambio de destino para el que se adscriben los bienes transferidos estos revertirán a la Seguridad Social.
Por otra parte, los trabajadores de estos centros están resultando perjudicados al verse obligados al traslado forzoso de sus puestos de trabajo, no por un plan de ordenación de recursos humanos tal como recoge el art. 36 del Estatuto Marco, ni por necesidades de servio o funcionales como recoge el art. 81 del Estatuto del Empleado Público, sino para atender a los intereses económicos de una empresa privada.
UGT- Madrid en las alegaciones al proyecto de zonificación sanitaria ya manifestó su preocupación por la privatización de la atención especializada. El hecho de que un área de salud quedará sin hospital de referencia público y que los centros de especialidades del área quedarán en manos de una empresa privada fue denunciado ya en el año 2006.
La Consejería de Sanidad ajena a estas denuncias, ese mismo año firmó un nuevo Concierto con la empresa CAPIO que gestiona este hospital y el Infanta Elena de Valdemoro. Dicho acuerdo asignaba una población de más de 400.000 tarjetas sanitarias a la Fundación Jiménez Díaz, incluyendo además la asistencia sanitaria de los Centros de Especialidades de Quintana y Pontones.
La propuesta de zonificación sanitaria no se ha llegado a aprobar, pero las medidas privatizadoras sí, incrementando los conciertos con la empresas privada CAPIO. La cantidades que esta empresa percibía de la Consejería de Sanidad se han incrementado llamativamente en los dos últimos años (se ha incrementado en 56 millones de € el coste de las prestaciones de la FJD, lo que ha supuesto un incremento del 39,7% del total del presupuesto asignado a este hospital, además el hospital Infanta Elena (CAPIO) percibió 13,24 millones € en el año 2007 por 1 mes de prestaciones sanitarias y en el año 2008 esa cantidad se ha duplicado a 27 millones de €).
Los argumentos de la Consejería de Sanidad sobre la necesidad del nuevo Concierto firmado con Capio (traslado del centro hospitalario Puerta de Hierro a la localidad de Majadahonda, y la mejora de la accesibilidad de la población), son excusas que no se ajustan a la realidad, puesto que:
- Sólo el 25% de las tarjetas asignadas a la nueva área de salud proceden del Área 6 (hospital Puerta de Hierro).
- El 25% de las tarjetas asignadas a esta área, las zonas básicas del distrito sanitario de Arganzuela (93.000 tarjetas sanitarias), empeoran su accesibilidad ostensiblemente, duplicando los tiempos para el acceso al hospital.
UGT-Madrid denuncia que:
- La Consejería de Sanidad está cediendo patrimonio de la Seguridad Social a las empresas privadas.
- Está elevando los costes de las prestaciones sanitarias al concertar con el sector privado asistencia sanitaria que se está prestando y pueden seguir prestándose con los recursos de la propia Consejería.
- Se está perjudicando los derechos de los trabajadores para favorecer a las empresas privadas, movilidad forzosa en los centros de especialidades y reducciones de la movilidad en la Comunidad al no incluir al personal sanitario en los nuevos hospitales.
- Se han privatizado durante el último año los hospitales de reciente construcción, la gestión del hospital Virgen de la Torre, los servicios de laboratorio de los nuevos hospitales, los centros de especialidades de Pontones y Quintana, la atención al paciente del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa y se ha firmado un convenio con las universidades privadas Fco. de Vitoria, Europea de Madrid y Alfonso X, mediante la cual se pone a disposición de estas universidades privadas los hospitales públicos para que hagan negocio con la formación de cientos de médicos.
UGT promoverá la movilización clara y contundente de los trabajadores de la sanidad pública para que el resto de hospitales públicos y los centros de salud, en especial los adscritos a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Infanta Elena (Valdemoro) no vean privatizada su gestión y reducidos sus recursos en breve.
Es imprescindible que la Tesorería General de la Seguridad Social vele para que se mantenga el patrimonio de los trabajadores y actúe en consecuencia ante cualquier iniciativa que lo ponga en peligro. Igualmente el Ministerio de Sanidad debe promover las herramientas legales precisas para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública que vivimos en nuestra Comunidad.
|
